Ea Extranjer?a Abogados
Ea Extranjería AbogadosRecientemente, en concreto el 8 de octubre de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE, ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mácula, en donde se dilucidaba un tema de expulsión del territorio nacional iniciado por la Subdelegación del Gobierno de Toledo. El contexto de los hechos es el siguiente: El catorce de enero de 2017, la Comisaría de Talavera de la Reina (Toledo) acordó iniciar expediente sancionador cita previa extranjeria por telefono de expulsión, tramitado a través de procedimiento de carácter preferente, a un ciudadano extranjero de origen colombiano, por una posible infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería.
En la instrucción del expediente, el inmigrante relató haber ingresado en España en 2009, a la edad de diecisiete años, a través de visado y permiso de vivienda expedido a efectos de reagrupación familiar con su madre. Presentó un pasaporte en vigor hasta el 24 de diciembre de 2018, una tarjeta de residencia con vigencia hasta dos mil trece y un empadronamiento en Talavera de la Reina realizado a lo largo de dos mil quince. Aseveró que, durante la estancia en España, había trabajado frecuentemente y aportó múltiples contratos, informe de vida laboral y certificado de libreta bancaria. Declaró carecer de antecedentes penales y tener domicilio fijo en Talavera de la Reina. Aportó también otros documentos, entre ellos un carnet de la biblioteca pública, una tarjeta sanitaria y diversos certificados de cursos y acciones formativas oficiales. Con data tres de febrero de dos mil diecisiete, el Subdelegado del Gobierno en Toledo (en adelante, «Subdelegado del Gobierno») dictó resolución de expulsión contra el ciudadano extracomunitario, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería, con prohibición de reingreso en territorio nacional a lo largo de 5 años. A este respecto, el Subdelegado del Gobierno invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene permitiendo la expulsión cuando se sume a la estancia ilegal algún elemento negativo en la conducta del interesado. En el procedimiento primordial, semejantes circunstancias negativas eran que el interesado no justificaba la entrada en España por puesto habilitado ni el tiempo de residencia que llevaba en el Estado miembro, encontrándose plenamente indocumentado. Además de esto, el Subdelegado del Gobierno concluyó que con la expulsión no se le produciría al inmigrante desarraigo familiar, pues no acreditaba vínculos con familiares residentes legales online directa. Contra la decisión de expulsión del Subdelegado del Gobierno, el inmigrante interpuso recurso ante el pertinente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo. Dicho recurso fue desechado. Contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el inmigrante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este último órgano jurisdiccional expedidor precisa que la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo a que se refiere el apartado 16 de la presente sentencia pasó a ser Ley con la modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 2/2009. El órgano jurisdiccional expedidor estima que el Subdelegado del Gobierno incurrió en fallo al aducir circunstancias negativas en la conducta del ciudadano extranjero, puesto que este presentó en el procedimiento un pasaporte en vigor, un visado de entrada en territorio nacional y los permisos de vivienda de que dispuso hasta el momento en que en 2013 dejó de renovarlos, y ya que constan su arraigo social y familiar. En cuanto a la conducta del inmigrante, el órgano jurisdiccional expedidor observa que en autos no consta circunstancia negativa alguna auxiliar a la mera estancia irregular del interesado en España. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se plantea las consecuencias que hayan de extraerse de la sentencia de 23 de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), al examinar la situación del ciudadano extranjero. Indica que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, cancelar cita de extranjeria en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado miembro, impone, en dependencia de las circunstancias, o una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, la situación del inmigrante queda regulada por la misma normativa nacional que era de aplicación en el asunto en que recayó la citada sentencia del Tribunal de Justicia.
Añade que, según interpretaba el Tribunal Supremo antes que se dictara esa sentencia, la expulsión del territorio español de nacionales de terceros países que se encontrasen ilegalmente en el Estado miembro solo podía ordenarse si existían motivos adicionales de agravación. El órgano jurisdiccional expedidor señala que, después de que se dictara la sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), el Tribunal Supremo decretó, entre otras en una sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, que las autoridades administrativas y judiciales españolas están habilitadas para inaplicar las previsiones de la Ley de extranjería sobre la precedencia de la sanción de multa y la necesidad de motivación explícita de la expulsión por la existencia de motivos agravantes. Con esto, conforme el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Supremo aplicó directamente la Directiva 2008/115, en perjuicio del interesado y con agravación de su responsabilidad penal, puesto que, a causa de la sentencia de veintitres de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), los tribunales españoles quedaron obligados a aplicar directamente esa Directiva, incluso en perjuicio de los interesados. El órgano jurisdiccional remitente duda que en el litigio primordial sea posible invocar de forma directa lo dispuesto en la Directiva 2008/115 para ordenar la expulsión del inmigrante incluso cuando no existan motivos agravantes auxiliares a la estancia ilegal del interesado en territorio nacional. Recuerda al respecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que descarta la aplicación directa frente a los particulares de lo dispuesto en las directivas, y en particular las sentencias de 26 de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall (152/84, EU:C:1986:84), y de 11 de junio de mil novecientos ochenta y siete, X (14/86, EU:C:1987:275). Se refiere, además, a la sentencia de cinco de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B. (C 42/17, EU:C:2017:936), que comprende que pone límites a la obligación de interpretación conforme con las directivas, habida cuenta del principio de legalidad de los delitos y las penas. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mácula acordó suspender el procedimiento y proponer al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «Si es compatible con la doctrina de ese Tribunal de Justicia de la UE relativa a los límites del efecto directo de las Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C 38/14, Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación directa de la Directiva 2008/115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión y también inaplicación de disposiciones internas más ventajosas en materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la normativa de España a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino más bien por la de una reforma legal, o bien por las vías previstas en el Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas.» En definitiva, la cuestión prejudicial en esencia es: si la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, auxiliares a su situación irregular, la autoridad nacional competente pueda basarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha resolución aun cuando no existan circunstancias agravantes. Resolviendo la cuestión prejudicial planteada, la Gran Sala, precisó que es necesario rememorar que, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las directivas no pueden, por sí mismas, crear obligaciones a cargo de los particulares, pues los Estados miembros no pueden invocar las disposiciones de las directivas, en su calidad de tales, contra dichas personas (véanse, en ese sentido, las sentencias de veintiseis de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, apartado 48, y de 12 de diciembre de 2013, Portgás, C 425/12, EU:C:2013:829, apartado veintidos). Por tanto, si la normativa nacional que es de aplicación al extranjero en el litigio primordial establece que, a los efectos de dicha normativa, la expulsión de los nacionales de terceros países que se hallen en territorio de España solo puede ordenarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, adicionales a su situación irregular, y esa normativa no puede interpretarse conforme a la Directiva 2008/115, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional expedidor, el Estado miembro no podrá fundamentarse de manera directa en dicha Directiva para, a los efectos de lo preparado en ella, adoptar una resolución de retorno respecto del extranjero y hacer cumplir esta aun cuando no existan circunstancias agravantes. En definitiva, la Gran Sala concluyó que: debe responderse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo presente que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá fundamentarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una resolución de retorno y hacer cumplir dicha resolución incluso cuando no existan circunstancias agravantes. Puede preguntar el documento oficial en el siguiente enlace. Para más información puedes mandar un correo electrónico o bien llamar para pedir una cancelar cita de extranjeria al 910240801.
En la instrucción del expediente, el inmigrante relató haber ingresado en España en 2009, a la edad de diecisiete años, a través de visado y permiso de vivienda expedido a efectos de reagrupación familiar con su madre. Presentó un pasaporte en vigor hasta el 24 de diciembre de 2018, una tarjeta de residencia con vigencia hasta dos mil trece y un empadronamiento en Talavera de la Reina realizado a lo largo de dos mil quince. Aseveró que, durante la estancia en España, había trabajado frecuentemente y aportó múltiples contratos, informe de vida laboral y certificado de libreta bancaria. Declaró carecer de antecedentes penales y tener domicilio fijo en Talavera de la Reina. Aportó también otros documentos, entre ellos un carnet de la biblioteca pública, una tarjeta sanitaria y diversos certificados de cursos y acciones formativas oficiales. Con data tres de febrero de dos mil diecisiete, el Subdelegado del Gobierno en Toledo (en adelante, «Subdelegado del Gobierno») dictó resolución de expulsión contra el ciudadano extracomunitario, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería, con prohibición de reingreso en territorio nacional a lo largo de 5 años. A este respecto, el Subdelegado del Gobierno invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene permitiendo la expulsión cuando se sume a la estancia ilegal algún elemento negativo en la conducta del interesado. En el procedimiento primordial, semejantes circunstancias negativas eran que el interesado no justificaba la entrada en España por puesto habilitado ni el tiempo de residencia que llevaba en el Estado miembro, encontrándose plenamente indocumentado. Además de esto, el Subdelegado del Gobierno concluyó que con la expulsión no se le produciría al inmigrante desarraigo familiar, pues no acreditaba vínculos con familiares residentes legales online directa. Contra la decisión de expulsión del Subdelegado del Gobierno, el inmigrante interpuso recurso ante el pertinente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo. Dicho recurso fue desechado. Contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el inmigrante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este último órgano jurisdiccional expedidor precisa que la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo a que se refiere el apartado 16 de la presente sentencia pasó a ser Ley con la modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 2/2009. El órgano jurisdiccional expedidor estima que el Subdelegado del Gobierno incurrió en fallo al aducir circunstancias negativas en la conducta del ciudadano extranjero, puesto que este presentó en el procedimiento un pasaporte en vigor, un visado de entrada en territorio nacional y los permisos de vivienda de que dispuso hasta el momento en que en 2013 dejó de renovarlos, y ya que constan su arraigo social y familiar. En cuanto a la conducta del inmigrante, el órgano jurisdiccional expedidor observa que en autos no consta circunstancia negativa alguna auxiliar a la mera estancia irregular del interesado en España. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se plantea las consecuencias que hayan de extraerse de la sentencia de 23 de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), al examinar la situación del ciudadano extranjero. Indica que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, cancelar cita de extranjeria en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado miembro, impone, en dependencia de las circunstancias, o una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, la situación del inmigrante queda regulada por la misma normativa nacional que era de aplicación en el asunto en que recayó la citada sentencia del Tribunal de Justicia.Añade que, según interpretaba el Tribunal Supremo antes que se dictara esa sentencia, la expulsión del territorio español de nacionales de terceros países que se encontrasen ilegalmente en el Estado miembro solo podía ordenarse si existían motivos adicionales de agravación. El órgano jurisdiccional expedidor señala que, después de que se dictara la sentencia de 23 de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), el Tribunal Supremo decretó, entre otras en una sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, que las autoridades administrativas y judiciales españolas están habilitadas para inaplicar las previsiones de la Ley de extranjería sobre la precedencia de la sanción de multa y la necesidad de motivación explícita de la expulsión por la existencia de motivos agravantes. Con esto, conforme el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal Supremo aplicó directamente la Directiva 2008/115, en perjuicio del interesado y con agravación de su responsabilidad penal, puesto que, a causa de la sentencia de veintitres de abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), los tribunales españoles quedaron obligados a aplicar directamente esa Directiva, incluso en perjuicio de los interesados. El órgano jurisdiccional remitente duda que en el litigio primordial sea posible invocar de forma directa lo dispuesto en la Directiva 2008/115 para ordenar la expulsión del inmigrante incluso cuando no existan motivos agravantes auxiliares a la estancia ilegal del interesado en territorio nacional. Recuerda al respecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que descarta la aplicación directa frente a los particulares de lo dispuesto en las directivas, y en particular las sentencias de 26 de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall (152/84, EU:C:1986:84), y de 11 de junio de mil novecientos ochenta y siete, X (14/86, EU:C:1987:275). Se refiere, además, a la sentencia de cinco de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B. (C 42/17, EU:C:2017:936), que comprende que pone límites a la obligación de interpretación conforme con las directivas, habida cuenta del principio de legalidad de los delitos y las penas. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mácula acordó suspender el procedimiento y proponer al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «Si es compatible con la doctrina de ese Tribunal de Justicia de la UE relativa a los límites del efecto directo de las Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C 38/14, Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación directa de la Directiva 2008/115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión y también inaplicación de disposiciones internas más ventajosas en materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la normativa de España a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino más bien por la de una reforma legal, o bien por las vías previstas en el Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas.» En definitiva, la cuestión prejudicial en esencia es: si la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, auxiliares a su situación irregular, la autoridad nacional competente pueda basarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha resolución aun cuando no existan circunstancias agravantes. Resolviendo la cuestión prejudicial planteada, la Gran Sala, precisó que es necesario rememorar que, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las directivas no pueden, por sí mismas, crear obligaciones a cargo de los particulares, pues los Estados miembros no pueden invocar las disposiciones de las directivas, en su calidad de tales, contra dichas personas (véanse, en ese sentido, las sentencias de veintiseis de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, apartado 48, y de 12 de diciembre de 2013, Portgás, C 425/12, EU:C:2013:829, apartado veintidos). Por tanto, si la normativa nacional que es de aplicación al extranjero en el litigio primordial establece que, a los efectos de dicha normativa, la expulsión de los nacionales de terceros países que se hallen en territorio de España solo puede ordenarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, adicionales a su situación irregular, y esa normativa no puede interpretarse conforme a la Directiva 2008/115, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional expedidor, el Estado miembro no podrá fundamentarse de manera directa en dicha Directiva para, a los efectos de lo preparado en ella, adoptar una resolución de retorno respecto del extranjero y hacer cumplir esta aun cuando no existan circunstancias agravantes. En definitiva, la Gran Sala concluyó que: debe responderse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo presente que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá fundamentarse directamente en lo preparado en la Directiva para adoptar una resolución de retorno y hacer cumplir dicha resolución incluso cuando no existan circunstancias agravantes. Puede preguntar el documento oficial en el siguiente enlace. Para más información puedes mandar un correo electrónico o bien llamar para pedir una cancelar cita de extranjeria al 910240801.
Otros Supuestos De Reagrupación FamiliarExisten otros supuestos de reagrupación familiar distintos al propio de reagrupar a los familliares que se hallan en el país de origenEn esta entrada nos vamos a centrar en la autorización de residencia que se va a poder otorgar a los familiares de los titulares de tarjeta azul-Unión Europea, y residentes de larga duración-UE, cuando tengan reconocida tal condición en otro Estado miembro de la UE, siempre y cuando la familia ya estuviera constituida en ese Estado, y en razón del derecho a la reagrupación familiar. Si la familia no tenía es condición reconocida en otro Estado Miembro estaríamos en otro supuesto. .Los requisitos que se deben acreditar por parte del reagrupante son los siguientes:
© mundojuridico.info — Otros supuestos de reagrupación familiar
Como Pedir Cita Por Internet Para Renovar El DniA partir de que una persona cumple los 14 años tiene como obligatoriedad el portar esta identificación. Aparte, el documento nacional de identidad vale asimismo para cumplimentar cualquier trámite burocrático que se relacione con la Administración Pública, aparte de las numerosas gestiones que llevamos a cabo día tras día.
¿Cuáles son los requisitos a cumplir para renovar el documento de identidad?Existen ciertos requisitos esenciales que debemos cumplir en el momento en que nos lanzamos a renovar nuestro documento nacional de identidad. Este pude ser un proceso algo tedioso si no tenemos en consideración todos y cada uno de los elementos que hemos de aportar a la hora de la renovación, habiendo que volver en otro momento si nos faltara alguno de ellos. De cara a evitar siniestros, molestias y retrasos varios ahora vamos a desgranar cuáles son los requisitos que se precisan para renovar nuestro DNI:DNI a renovarEs condición imprescindible presentar el documento de identidad precedente para que se pueda actualizar este. Existen algunos casos en los que esto es imposible por haberse sustraído o bien perdido el documento, en tales circunstancias es indispensable anexar la demanda del hurto o bien el justificante de la pérdida del mismo.Fotografía recienteEs el ámbito más reconocible del documento de identidad y a través de el cual se nos debe identificar. La fotografía debe ser siempre en color y contar con de unas dimensiones de 32×26 milímetros, con un fondo liso, uniforme y sobre todo blanco. Nuestra cara ha de ser totalmente perceptible, debido a lo que no está tolerado portar gorros ni otros útiles, como de esta forma tampoco que el pelo esté cubriendo el rostro.Certificado de empadronamientoSi es la primera vez en la que se adquirirá el documento nacional de identidad, o se ha dado un cambio de domicilio, es preciso presentar un certificado de empadronamiento que muestre con precisión el lugar en el que radicamos.¿Cuál es el proceso a seguir?El empleo del Documento Nacional de Identidad (documento de identidad) se antoja imprescindible para realizar prácticamente cualquier trámite, desde una reserva de hotel o bien firmar un contrato laboral hasta solicitar algún tipo de prestación en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por esta razón, 
Una vez hecho esto, aceptamos el tratamiento de nuestros datos personales y pulsamos en «confirmar», obteniendo de esta manera toda la información sobre nuestra futura renovación del DNI.
¿Qué Hacer Con Los TráMites De ExtranjeríA Mientras que Dure El Estado De Alarma?Son muchas las dudas que brotan a lo largo de los días del estado de alarma decretado por el gobierno, en especial ahora que las administraciones públicas han cerrado sus puertas a causa de la crisis sanitaria, suspendiendo la mayor parte de los trámites presenciales. 
1.-Si estoy sin papeles en España y enfermo de coronavirus, ¿me detienen y expulsan si voy al centro de salud?
Es indignante tener que abonar por un servicio que es gratis. Esta es la afirmación de los extranjeros que se encuentran diariamente y a lo largo de meses con esta barrera administrativa para poder regular su situación viéndose obligados a abonar entre 40 y doscientos cincuenta euros por un turno en la oficina de extranjería.Tiempo de esperaSi no pagan es complicado lograr cita y los tiempos de espera para conseguirla rondan entre los 3 y los sietes meses.El permiso de vivienda por arraigo es uno de los más solicitados y ante la desesperación se están dando abundantes casos en los que familias enteras y sobre todo jubilados, se sientan a turnos delante de un computador durante más de 8 horas para conseguir cita previa en extranjería, rellenando una y otra vez todos y cada uno de los datos precisos para acabar recibiendo siempre exactamente la misma respuesta: «No hay citas libres en este momento».
Ya se ha producido la primera marcha frente a la oficina de Extranjería y no va a ser la última para pelear contra el mercado clandestino de venta de turnos para extranjería y denunciar el bloqueo de convocatorias. Están prestos a manifestarse en tantas ocasiones como sea preciso para acabar con este negocio clandestino bajo el lema:SIN CITAS NO HAY DERECHOSA pesar de que ahora se han hecho las primeras movilizaciones, esta situación, poco a poco más extrema, hace más de dos años que dura.Declaraciones de los afectadosEstas declaraciones han sido obtenidas de los diarios: El País, El Confidencial, El Mundo, la página web Ocio Latino y la Sexta TV.Pagué 60 euros y me consiguieron una cita que había de ser gratuita. Pagué 250 euros y la semana que siguiente me sacó la cita. Sentimos sofocación y desesperación, hay cero garantías para los extranjeros y estamos en vilo siempre y en todo momento. Conversación real con un usuario de la aplicación:
CóMo Solicitar El Nie Provisional25 agosto 2019
El Número de Identidad de Extranjero (NIE) es un código único e intransferible que deben conseguir todos y cada uno de los ciudadanos no españoles con intereses de tipo económico, profesionales o bien sociales en España. Se trata de un número que se emplea en todos y cada uno de los trámites efectuados por el interesado, si bien no funciona como una tarjeta de identificación.
El NIE temporal es de color verde y contiene los datos básicos del titular, como su nombre y apellidos, sitio de nacimiento, domicilio, firma y fecha. Sin embargo, no adjunta fotografía alguna. Por eso, se recomienda ir siempre identificado con el pasaporte o un documento identificativo válido. Está compuesto por cita previa recogida de nie una letra (X o bien Y, dependiendo de la data de expedición), 7 números y una letra de verificación.No hay que confundir el NIE con un visado ni un permiso de residencia, si bien es el requisito anterior para cualquier ciudadano comunitario que desee trasladarse a España por un tiempo determinado. Además de esto, es el número requerido para realizar cualquier clase de trámite, como abrir una cuenta bancaria, comprar una residencia o tributar.NIE provisional y NIE definitivoLos extranjeros que deseen trasladarse a España deben saber que, si no tienen previsto realizar trámite administrativo alguno y su estancia será inferior a tres meses, será suficiente con llevar su pasaporte o documento nacional de identidad en vigor. De lo contrario, deberán solicitar uno de los 2 tipos de NIE existentes:
Pasos para solicitar el NIE temporalEl documento identificativo para ciudadanos comunitarios se puede solicitar en la Dirección General de la Policía o en las Oficinas Consulares de España en el extranjero. Para agilizar el proceso, lo más acertado es solicitar cita anterior por medio de y continuar los próximos pasos: